IU, PSOE y UPCarmona han solicitado al Alcalde de Carmona, ante su pasividad, informes de la Secretaría General e Intervención sobre las consecuencias en el municipio de dicha ley.
Fuente: IU Carmona.
Los grupos de la oposición recuerdan que con la puesta en marcha de la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, muchos servicios públicos del Ayuntamiento de Carmona de gran incidencia para los ciudadanos pueden verse afectados. Entre ellos podrían estar las empresas públicas (Sodecar y Limancar), el centro de la Mujer, la Residencia de ancianos de San Pedro, los Servicios Sociales, Salud y Consumo, Guardería municipal, Centro Ocupacional, etc.
La norma, que ya ha entrado en vigor, pone en marcha los mecanismos para que estos servicios que prestan los municipios pasen a ser responsabilidad de las comunidades autónomas y diputaciones provinciales, que tienen la competencia general en la materia. Para la oposición muchos de esos servicios se perderán por el camino o pasarán a manos privadas, lo que significará un sobrecoste para los usuarios y la pérdida de los servicios públicos consolidados y, por ello, de calidad de vida.
Según la oposición, el Partido Popular sigue responsabilizando de la crisis a los ciudadanos y a la administración local, mientras ayuda generosamente a la banca, verdadera responsable de la situación económica que padecemos.
En este tema, como en otros, me gustaría que los políticos, en este caso los de la oposición, aparte de hablar con la consigna en la boca (la reforma de la ley hará tal y tal) nos ilustren y hagan pedagogía de su opinión. ¿cuales son los artículos de la citada ley que permiten suponer lo que la consigna dice? Me gustaría que se nos explicara a los ciudadanos (para esta ley y para todas) que "el artículo tal dice... y se entiende que... y si se hace lo que dice las consecuencias son estas...". De no hacerlo, la opinión de un partido siempre contraria a la reforma que otro hace, será siempre sospechosa.
ResponderEliminarLa ley aprobada no es una ley independiente en sí, sino una ley que modifica un montón de arts. de otras dos (Ley de Bases de Régimen Local y Ley de Haciendas Locales) que son los ejes vertebradores de toda la administración local, es decir, muncipios y provincias, más las asociaciones de éstos como las mancomunidades y consorcios. Como verá estimado susodicho rubricante, no es baladí lo que pide. No obstante, le podemos decir a modo de resumen que, como afirma la propia ley en su preámbulo, uno de sus fines es "favorecer la iniciativa económica privada [sic]" Así como suprimir (atento al parche) supuestos "monopolios municipales que venían heradados del pasado (¡qué antifranquistas se han vuelto!) y que recaen sobre sectores económicos pujantes (ya nos vamos entendiendo) en la actualidad [sic]"
EliminarObviamente, lo dicho entre paréntesis es nuestro.
Aunque parezca un poco flojo, se agradecería un enlace para poder leer esa ley y sacar conclusiones de primera mano. Y una pregunta capciosa ¿la iniciativa económica privada es mala en si misma? Ya he dicho en otro lugar que ni lo privado es lo mejor ni lo público lo peor, prejuzgar es siempre peligroso ¿podría una empresa privada o una gestión privada mejorar el trabajo y los servicios digamos por ejemplo de limancar? Creo que las administraciones públicas tienen suficientes procedimientos para asegurar un servicio público aunque esté gestionado o en manos privadas, otra cosa es que se haga efectivo (véase a modo de ejemplo la piscina municipal).
Eliminarhttp://www.boe.es/boe/dias/2013/12/30/pdfs/BOE-A-2013-13756.pdf
EliminarLo que no se puede es desmantelar la adiministración local para beneficiar a las grandes empresas que huyen del ladrillo so pretexto de la eficiciencia y la reducción del déficit público, cuando los ayuntamientos sólo suponen el 5% del total del endeudamiento del conjunto de las administraciones públicas.
Por otro lado, está por ver si la gestión privada de los servicios es más eficiente que la gestión directa por los ayuntamientos. Precisamente en el último y reciente informe del Tribunal de Cuentas, organísmo que se caracteriza por ser poco díscolo con las tesis de quien gobierna, se pone en evidencia precisamente que la gestión directa de los servicios publicos por la administración es más eficiente y de mayor calidad. Un ejemplo sería la recogida de basuras de León, donde rescatando el servicio de manos privadas el ayuntamiento se ha ahorrado 8.000.000€
Gracias por el enlace. Visto un poco por encima el preámbulo, no parece evidente esa opinión que dice que la reforma "pretende desmantelar la administración local para beneficiar a las grandes empresas", sino que parece que la intención es la de clarificar el funcionamiento de la administración local, claro que incidiendo más en las cuestiones económicas que en otras. A mi parecer a esta reforma le falta otra o un elemento poco claro: si un ayuntamiento no puede ejercer una competencia, porque no la tiene, y es otra administración la que la tiene que ejercer y no lo hace ¿qué ocurre con esa competencia? Un ejemplo claro: ahora no es posible un servicio sanitario local, ya que la sanidad es competencia autonómica pero ¿si la autonomía no completa sus servicios en la localidad, los ciudadanos estamos sin servicio? -entiendase como ejemplo el DCCU-
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