lunes, 23 de diciembre de 2013

El Pleno de Carmona rechaza la reforma eléctrica y la subida de la luz.

La moción fue propuesta por Izquierda Unida y ha sido aprobada por unanimidad.

El grupo municipal de Izquierda Unida ha presentado esta mañana en el Pleno del Ayuntamiento de Carmona una moción de rechazo a la nueva Ley del sector eléctrico aprobada por el gobierno de Rajoy, la cual ha sido apoyada por los distintos grupos municipales.

La portavoz de IU, Encarnación Milla, explicó que “la aprobación de esta ley afectará directamente a las corporaciones municipales, ya que no soluciona el grave problema de la subida del precio de la luz, que si tenemos en cuenta lo acumulado en los últimos años ha subido hasta un 70%. Consideramos que esta reforma empeora la situación para los ciudadanos, ya que hay 1,4 millones de hogares en España sin suministro eléctrico provocado por lo vulnerable de la situación económica. En el caso de Carmona, Cáritas ha alertado de la grave situación que nuestros vecinos están viviendo”.

Encarnación Milla añadió que “esta nueva ley tendrá también un impacto negativo sobre actividad económica municipal, pues mantiene la moratoria en la construcción de nuevas plantas renovables, reduciendo la retribución en las existentes y bloqueando el autoconsumo, lo que supone la destrucción de empleos vinculados directa o indirectamente al sector, la pérdida de inversiones, la reducción de la recaudación asociada al desarrollo de nuevas instalaciones o el aumento de costes a pequeños comerciantes e industrias por el aumento de las tarifas”.

La portavoz de IU señaló que “la nueva normativa acusa a las energías renovables de la insostenibilidad económica del sector, y por tanto, apuesta por otras energías más perjudiciales con nuestro medio ambiente, instaurando la inseguridad jurídica para todo el sector renovable y su efecto contagio hacia otros sectores estratégicos. La retroactividad introducida supone el desmantelamiento de la mayor parte tejido productivo renovable y la ruina de 55.000 familias productoras de energía solar fotovoltaica”.

“Es obligación de un Gobierno democrático tomar medidas para que el suministro eléctrico y de gas no siga provocando la peligrosa 'pobreza energética' que sufren las familias cada vez más, para que no siga siendo una carga para las administraciones que prestan los servicios públicos y para que no lastre la economía incrementando los costes de producción que acaban repercutiendo en las condiciones laborales, salariales y en la destrucción de empleo", concluyó Encarnación Milla.

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